La carrera política de Íñigo Errejón, otrora uno de los rostros más brillantes y mediáticos de la izquierda española, se ha transformado en un calvario judicial que no parece tener fin. Lo que comenzó como un terremoto en la estructura de Sumar y Podemos a finales de 2024, cuando el diputado anunció su renuncia fulminante tras salir a la luz denuncias por conductas inapropiadas, se ha consolidado en 2026 como un proceso penal complejo que mantiene al país en vilo. La instrucción del caso, centrada en la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por una presunta agresión sexual en 2021, ha atravesado múltiples giros inesperados que han puesto a prueba la solidez de las instituciones.
A lo largo de los últimos meses, el caso ha oscilado entre el posible sobreseimiento y la apertura de juicio oral. La Fiscalía, en un movimiento que sorprendió a la opinión pública a finales de 2025, solicitó inicialmente el archivo de la causa al considerar que, si bien el relato de la denunciante era creíble, faltaban pruebas concluyentes para sostener una acusación formal. Sin embargo, el juez instructor mantuvo una postura firme, encontrando indicios suficientes para continuar con el proceso. Esta discrepancia ha marcado la dinámica del juicio, donde la defensa de Errejón ha jugado todas sus cartas, tratando de desacreditar la versión de la actriz y acusándola incluso de manipulación y obstrucción a la justicia.
La tensión alcanzó cotas máximas a principios de 2026, cuando el proceso se vio salpicado por una segunda denuncia interpuesta por otra mujer, quien relató hechos similares ocurridos en fechas cercanas a los de Mouliaá. No obstante, la vía penal abierta por este segundo caso se cerró abruptamente cuando la denunciante decidió no ratificar sus acusaciones ante el tribunal, lo que llevó a la jueza al archivo de esas diligencias específicas. Este desenlace ha sido interpretado por el entorno del expolítico como una señal de debilidad en las acusaciones que pesan sobre él, aunque el caso principal, el de Elisa Mouliaá, sigue vivo y cargado de confrontación.
Lejos de cerrarse en falso, el conflicto ha derivado en una guerra cruzada de querellas. Mientras Errejón sostiene su inocencia y ha iniciado acciones legales por presuntas calumnias e injurias, alegando que se ha orquestado una narrativa falsa contra él, Mouliaá mantiene su acusación y se ha visto envuelta en episodios de incomparecencia ante los juzgados que han retrasado las declaraciones. El juez incluso ha llegado a advertir a la actriz sobre las consecuencias legales de no acudir a las citaciones judiciales. Esta espiral de recriminaciones ha convertido el proceso en un laberinto donde la línea entre el debate social sobre el consentimiento y la verdad jurídica es cada vez más difusa, dejando al exdirigente político en una situación de desgaste permanente mientras espera la resolución definitiva de un tribunal que decidirá si su futuro estará marcado por una sentencia condenatoria.
